Quién empuja la reforma y qué puede pasar: actores, lobby y tres escenarios hacia 2026

Foco temático: actores y posiciones (Nación, provincias, ciencia, empresas, ONGs, ciudadanía), riesgos y escenarios. El propio Mensaje 36/2025 admite que gobernadores de provincias mineras pidieron modificar la ley. Diputados realizó audiencias públicas bajo referencia a Escazú, señal de que el conflicto es social además de técnico. Lo que viene puede tomar tres caminos: freno, reforma moderada o reforma amplia con judicialización.

• El Mensaje 36/2025 cita una nota de gobernadores (Mesas del Litio y del Cobre) como antecedente directo del proyecto.

• El Congreso organizó audiencias públicas y formalizó reglas en Boletín Oficial con referencia a Escazú (art. 7).

• Paralelamente se presentaron proyectos alternativos: uno busca fortalecer la ley (7342‐D‐2025) y otro propone “gestión inteligente” con tecnología (7365‐D‐2025). 63

• El inventario y sus actualizaciones se usan como campo de disputa: qué cuenta como “función hídrica” y quién la verifica.

La probabilidad más alta a marzo 2026 es un escenario intermedio: reforma con enmiendas + litigios y disputas por implementación.

La reforma de la Ley de Glaciares no se empuja sola. Tiene actores, intereses, presiones y también miedos legítimos: miedo a perder agua, miedo a perder empleo, miedo a quedar atrapados en una “zona de nadie” donde nadie controló a tiempo y todos pagan después.

La primera pieza, y la más transparente, está en el propio Mensaje 36/2025. Allí el Poder Ejecutivo dice que busca superar controversias interpretativas y fortalecer atribuciones provinciales. Pero no se queda en el “marco”: menciona explícitamente que las provincias de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy, Salta) y de la Mesa del Cobre (sumando Mendoza y San Juan) enviaron una nota al Ejecutivo el 10/12/2025 pidiendo modificaciones, alegando que la ley actual genera controversias y obstaculiza el desarrollo económico sostenible. Esta admisión importa porque ubica el conflicto: es federal, es productivo y es ambiental al mismo tiempo.

En el segundo anillo está el Congreso. Diputados no solo recibió el texto del Senado: organizó audiencias públicas y lo hizo citando como marco el artículo 114 bis del reglamento y el artículo 7 del Acuerdo de Escazú (participación en decisiones ambientales). El Boletín Oficial lo pone por escrito, y Diputados informó luego el cierre del proceso de participación. Este punto no es accesorio: Escazú eleva el estándar de participación, y cualquier percepción de restricción puede convertirse en judicialización. El tercer anillo es la ciencia y la técnica. Aquí el Inventario Nacional de Glaciares funciona como árbitro y como campo de batalla. Por un lado, es el instrumento previsto por ley para identificar y monitorear glaciares y ambiente periglacial. Por otro lado, la reforma introduce la idea de “función hídrica efectiva” y habilita a autoridades competentes a verificar inexistencia de esa función, con efectos sobre el alcance del régimen y el inventario. En paralelo, el propio instituto técnico salió a desmentir cifras nacionales que circulaban sin respaldo, recordando que los datos oficiales recientes son regionales y que no corresponde inventar números. Este dato es crucial: si el debate público se alimenta de cifras falsas, se debilita la capacidad de exigir decisiones basadas en evidencia.

El cuarto anillo son las empresas y el ecosistema productivo. Hay un incentivo claro: reducir incertidumbre regulatoria. El Mensaje 36/2025 asocia la reforma con la necesidad de clarificar alcance y evitar interpretaciones que “obstaculicen” oportunidades económicas. Pero el riesgo es igual de claro: si la reforma se percibe como un “relajamiento” de protección de agua, la licencia social se puede romper y el conflicto escalar. El antecedente Veladero/Pascua Lama es el recordatorio de que, en alta montaña, los conflictos no se apagan con discursos. Quinto anillo: ONGs, comunidades locales y ciudadanía movilizada. Su poder no está en firmar resoluciones, sino en imponer “costo político” cuando sienten que el agua está en juego. Por eso, la forma de la audiencia pública, las reglas, el tiempo y la respuesta institucional frente a miles de aportes se vuelve parte del conflicto.

Con este mapa, los escenarios hacia 2026 pueden describirse así (probabilidad cualitativa a marzo 2026, basada en evidencia institucional disponible): Escenario mejor (probabilidad media): el Congreso frena o reescribe profundamente la reforma incorporando salvaguardas explícitas (inventario robusto, no regresión práctica, estándares federales mínimos vinculantes para definición de función hídrica) y financiamiento para actualización y control. El proyecto 7342‐D‐2025 se alinea con esta lógica: declara interés público nacional y propone fortalecer y garantizar plena vigencia, con un paquete de obligaciones de cumplimiento y sanciones.

Escenario intermedio (probabilidad alta): se aprueba una reforma con modificaciones parciales: se mantiene énfasis en provincias y EIA, pero se acota la discrecionalidad sobre exclusiones del inventario y se exige transparencia y control cruzado (publicación obligatoria de estudios, auditorías, mecanismos de impugnación). Es el escenario típico cuando hay conflicto social alto y necesidad política de “mostrar cambio”.

Escenario peor (probabilidad media): se aprueba el texto en términos cercanos al del Senado y la implementación queda fragmentada: distintas provincias aplican criterios distintos (qué es función hídrica, qué es alteración relevante), se habilitan autorizaciones que luego se judicializan, y el inventario pierde fuerza como candado. Esto incrementa litigios y conflictos locales. La discusión no es “ambiente vs desarrollo”: es si el desarrollo se hace con reglas que protejan el agua y con control público real. Pedí transparencia total: estudios, mapas, EIAs y fundamentos de cada decisión.