Reforma de la Ley de Glaciares: qué se debate en Diputados y por qué importa la marcha del 8 de abril

La Cámara de Diputados tiene previsto tratar este miércoles 8 de abril la modificación de la Ley 26.639, una norma clave para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial en Argentina. En paralelo, organizaciones ambientales, asambleas y colectivos ciudadanos convocaron a movilizaciones en el Congreso y en distintas ciudades del país para frenar una reforma que, según denuncian, reduciría la protección de reservas estratégicas de agua.

Mira el mapa interactivo de movilizaciones en https://informe-alertaglaciares-marchas8a.netlify.app La discusión no gira solo alrededor de una ley ambiental. Lo que está en debate es el alcance de la protección sobre ecosistemas que la legislación vigente define como bienes de carácter público y reservas estratégicas de recursos hídricos. La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, entre ellas la liberación de contaminantes, la instalación de industrias y la exploración y explotación minera e hidrocarburífera. También establece que toda actividad no prohibida debe pasar por evaluación de impacto ambiental con participación ciudadana previa.

El oficialismo pidió una sesión especial para el miércoles 8 de abril a las 15 con el objetivo de avanzar en la sanción definitiva de la reforma. En la previa, el cronograma legislativo ya había generado cuestionamientos por la forma en que se organizaron las audiencias públicas: más de 100.000 personas se inscribieron para participar, pero solo una porción mínima pudo exponer de manera oral. Esa combinación entre tratamiento acelerado y participación restringida explica buena parte del clima político que rodea la jornada.

La ley actual protege no solo a los glaciares, sino también al ambiente periglacial, es decir, a las áreas de alta, media y baja montaña que cumplen una función de regulación hídrica. Ese punto es central porque la disputa no pasa únicamente por grandes masas de hielo visibles, sino también por territorios menos evidentes que integran el sistema que almacena, regula y libera agua. Por eso la discusión sobre la reforma tiene impacto directo sobre cuencas, economías regionales y abastecimiento futuro.

Según distintas coberturas y organizaciones ambientales, el proyecto que impulsa el Gobierno reduce el nivel de protección vigente y abre la puerta a actividades productivas y extractivas en zonas hoy resguardadas, especialmente en sectores del ambiente periglacial. FARN advirtió que la modificación implica un retroceso ambiental grave y compromete reservas fundamentales de agua dulce, además de chocar con principios de protección progresiva del ambiente.

En ese marco, la movilización del 8 de abril busca correr el debate del expediente parlamentario y devolverlo al espacio público. No se trata solo de una protesta contra una reforma puntual. También expresa una reacción frente a un proceso legislativo que, para una parte importante de la sociedad civil, quedó marcado por la restricción de voces en las audiencias y por la velocidad del tratamiento. En términos políticos, la marcha importa porque convierte una discusión técnica sobre glaciares, minería y ambiente periglacial en una pregunta mucho más amplia: quién decide sobre el agua y bajo qué límites.

La convocatoria en la Ciudad de Buenos Aires prevé una movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso a las 17, mientras que también fueron anunciadas acciones en distintas provincias. Ese despliegue federal refuerza otra idea clave: la Ley de Glaciares no afecta solo a territorios cordilleranos. Su alcance toca un tema estructural para el país entero, porque los glaciares y las zonas periglaciares forman parte del sistema que sostiene agua para poblaciones, producción y ecosistemas.

La marcha, entonces, no aparece como un episodio aislado, sino como una pieza central del conflicto. Si la ley vigente nació para fijar un piso mínimo de protección ambiental, la movilización busca impedir que ese piso retroceda. Y ahí está el núcleo de la discusión: no se trata solo de hielo, ni solo de minería, ni solo de una sesión en Diputados. Se trata de cómo se define el valor del agua en un país que ya convive con crisis climática, presión extractiva y disputas cada vez más intensas sobre sus bienes comunes.

Todavía estamos a tiempo de frenar este retroceso. Defender la Ley de Glaciares no es una consigna vacía: es defender el agua, los territorios y el derecho de las próximas generaciones a vivir en un país habitable. Lo que pase este 8 de abril no termina en el Congreso.

Se juega también en la calle, en las redes, en cada firma, en cada nota compartida y en cada voz que decide no mirar para otro lado. Sumate, difundí y mantengamos esta alerta encendida.